Estudios ambientales de Tahoe Resources en Guatemala iniciarán en dos meses

La semana pasada la Corte de Constitucionalidad de Guatemala resolvió que la licencia minera del proyecto Escobal (de Tahoe Resources) permaneciera suspendida mientras el Ministerio de Energía y Minas concluya una consulta con comunidades indígenas locales.

Los nuevos estudios ordenados a la minera canadiense Tahoe Resources, que servirán de base para la consulta pública sobre sus actividades -suspendidas desde 2017-, comenzarían en dos o tres meses, dijo el abogado del parlamento indígena, Quelvin Jiménez.

“En unos dos meses, quizá tres, se podría iniciar con los estudios de impacto ambiental, posteriormente ya con los resultados iniciarían las preconsultas en las comunidades indígenas afectadas que ordenó la Corte”, dijo.

Por su parte, Andrés Dávila, portavoz de la mina San Rafael (subsidiaria de Tahoe Resources), dijo que la reanudación de las operaciones dependerá de lo que determine el Ministerio de Energía y Minas en base en la revisión de los estudios “Esperamos que se haga dentro del plazo en que se llevó la consulta de una hidroeléctrica, que duró seis meses”, agregó.

La Corte también ordenó realizar otros estudios relacionados con la protección de sitios arqueológicos y la revisión de las regalías para las comunidades.

Según el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, la población indígena debe ser consultada antes de iniciar cualquier proceso extractivo dentro de sus territorios.

Cabe destacar que la Corte también le ordenó al MEM no otorgar ninguna otra licencia para la ejecución de proyectos de explotación de recursos naturales, en tanto no se haya determinado la existencia de pueblos indígenas en la región en la cual los proyectos pretendan ejecutarse.

El Dato

Las operaciones en los yacimientos Juan Bosco y El Escobal, propiedad de Tahoe Resources, fueron suspendidas en julio del 2017 por un juez que respaldó a una organización ambiental que reclamaba que comunidades cercanas no fueron consultadas para su instalación.

Desde que la minera suspendió operaciones, 700 trabajadores han sido despedidos, lo que generó pérdidas por US$5.3 millones en regalías para el pueblo que demandó la consulta y US$289 millones para la empresa.

Fuente: Reuters

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