Comité de Chile vota para eliminar derechos de agua para minas y granjas

Una propuesta para anular los derechos de agua otorgados al sector privado de Chile durante las últimas cuatro décadas fue aprobada en una votación inicial por una comisión ambiental como parte del proceso para redactar una nueva constitución.

El plan requeriría que las minas, agronegocios y servicios públicos busquen permisos temporales para usar agua en un nuevo modelo que prioriza el consumo humano, la sostenibilidad de las reservas de agua y los derechos indígenas. Otros titulares no industriales de derechos de agua recibirían compensación dentro de dos años.

La votación del jueves es solo un primer paso, ya que la norma requiere la aprobación posterior del comité, así como una mayoría de dos tercios de la asamblea en pleno antes de convertirse en parte de un proyecto de estatuto que irá a referéndum en la segunda mitad del año.

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La propuesta marcaría otro paso importante hacia la consagración del agua como un derecho humano, ya que el agotamiento de los suministros aumenta el escrutinio de uno de los sistemas de asignación más privatizados del mundo. En enero, el Congreso aprobó un proyecto de ley para limitar las asignaciones ilimitadas de agua a 30 años y autorizar a los reguladores a suspender los derechos que no se están utilizando o si los suministros están en riesgo.

Al proteger los derechos de las empresas agrícolas, energéticas y mineras, el sistema actual ayudó a Chile a convertirse en un importante exportador de bienes, desde cobre hasta aguacate y vino. Pero más de una década de sequía y supervisión poco estricta ha dejado secas a algunas comunidades, elevando el agua a un tema clave de justicia social.

El agua es parte de un impulso más amplio en Chile para revisar un modelo que utilizó servicios sociales privatizados para ayudar a crear una de las economías más vibrantes de la región, pero que dejó atrás a muchas personas. Esas preocupaciones sustentaron una erupción de protestas callejeras en 2019 que dieron origen a la Asamblea Constituyente.

Fuente: Bloomberg

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