Southern Copper revisa presupuesto del proyecto Tía María tras suspensión

Tras la suspensión de la licencia de construcción del proyecto Tía María, medida tomada por el Consejo de Minería el pasado 9 de agosto, la empresa minera Southern Copper Corporation evalúa un cambio en el presupuesto previsto para este año, inicialmente previsto en US$ 300 millones, informó el vicepresidente de Finanzas de la minera, Raúl Jacob.

“El estimado era invertir US$300 millones en el proyecto este año, que incluyen los programas sociales (esto forma parte de los US$ 1,400 millones previstos en todo el proyecto). Lamentablemente, esa cifra está en revisión ahora, dada la suspensión que tenemos del Consejo de Minería”, indicó Jacob.

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El ejecutivo acotó que, tras la suspensión a la licencia de construcción, Southern Copper está revisando su posición legal ante el Consejo de Minería en el que sostiene tener “argumentos sólidos para solucionar y explicar bien las razones por la cual el proyecto debe salir adelante”.

El Consejo de Minería es un órgano adscrito al Ministerio de Energía y Minas encargado de resolver en última instancia administrativa los recursos de revisión.

Jacobs subrayó que hay una estrategia legal que ya se viene aplicando y que ya fue manifestado en su momento por el presidente ejecutivo de Southern, Óscar Gonzalez Rocha.

Comento que las acciones para con el Consejo de Minería son “de un nivel diferente respecto a las medidas legales” que se hará con el gobierno regional de Arequipa.

Nueva Ley General de Minería

En Perú, la próxima semana los gobernadores de Cusco, Arequipa, Moquegua, Madre de Dios, Ica, Tacna y Apurímac –agrupados en la Mancomunidad Regional de la Macro Región Sur– se reunirán para consolidar la propuesta legislativa de una nueva Ley General de Minería.

El encuentro se realizará el 27 y 28 de agosto en Tacna. Uno de los puntos a incluir en el planteamiento –que se prevé presentar al parlamento en setiembre– es la incorporación de una figura similar a la consulta previa.

A lo que se suma la posibilidad de transferir a los gobiernos regionales competencias para la fiscalización ambiental de los proyecto extractivos tomando como base que las comunidades aledañas a la actividad minera tienen poca confianza en las instancias dedicadas a la inspección ambiental (OEFA, ANA y Senace).

Fuente: Gestión

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