La lucha con los indígenas podría frenar el impulso de Ecuador para ser una potencia minera

El proyecto cuprífero San Carlos Panantza en Ecuador, que sería un ejemplo de expansión del sector minero, está estancado por conflictos con comunidades indígenas.  El sector minero  generaría unos USD 40.000 millones en ingresos durante la próxima década.

El proyecto de USD 3.000 millones financiado por ExplorCobres S.A de China es un referente de la agitación que impide el impulso de Ecuador para convertirse en una potencia minera andina y competir con Perú y Chile.

Este año, el proyecto debería comenzar a exportar cobre, pero una disputa con la comunidad indígena Shuar Arutam provocó su suspensión desde hace dos años, según la autoridad minera del país.

En una serie de denuncias, los grupos indígenas afirman que el Gobierno no les consultó adecuadamente sobre los proyectos. La lucha está socavando los ambiciosos planes de la nación andina para desarrollar la minería a gran escala como alternativa a su industria petrolera.

“No hay un consenso sobre el papel que debería jugar la minería en el desarrollo de la economía y las comunidades a menudo se sienten atropelladas”, dijo Sergio Guzmán, director para la región andina del grupo Colombia Risk Analysis.

“Hace falta una conciliación entre los objetivos de la minería que son entendidos al nivel más alto del gobierno y como se deriva eso en externalidades positivas para las comunidades”, agregó.

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Amplios depósitos

De los cinco proyectos con una inversión inicial de unos USD 7.000 millones que forman la columna vertebral del esfuerzo minero de Ecuador, dos (incluido San Carlos Panantza) se han detenido por completo. Un tercero está reubicando una parte de sus instalaciones debido a la oposición local.

Otros proyectos que están menos avanzados enfrentan el rechazo de líderes locales.

Cabe resaltar que la corte electoral de Ecuador convocó a una consulta popular, que se celebrará en febrero y preguntará a los votantes de Cuenca si quieren prohibir la minería cerca de los ríos que atraviesan la ciudad. Los resultados serían vinculantes para esa jurisdicción pero no retroactivos.

Los líderes de la industria alegan que las consultas afectan los planes iniciales de los proyectos.

La resistencia podría socavar los esfuerzos de Ecuador por generar ingresos fiscales para garantizar un retorno al crecimiento económico y reforzar las finanzas estatales, después de un plan de reestructuración de deuda respaldado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) este año.

El Gobierno espera que la industria generará alrededor de USD4.000 millones en beneficios fiscales y unos 40.000 millones en ingresos por exportaciones durante la próxima década.

El viceministro de Minas, César Vásquez, dijo a Reuters en una reciente entrevista que Ecuador está preparando una nueva normativa para ajustar los plazos y evitar que las concesiones caduquen por conflictos sociales. Aun así, el funcionario reconoció que la resistencia de la comunidad podría desanimar a los inversores.

Punto muerto

El esfuerzo minero de Ecuador puede presumir algunas historias de éxito, como la mina de oro Fruta del Norte liderada por la canadiense Lundin Gold que ya está exportando. Lo mismo ocurre con la de cobre Mirador, propiedad de una subsidiaria del consorcio chino CRCC-Tongguan Investment, que es también la matriz de ExplorCobres.

Solaris Resources de Canadá, a cargo del proyecto de cobre Warintza, creó una alianza estratégica con dos comunidades del pueblo Shuar en setiembre después de tres años de diálogo.

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Pero la oposición comunitaria ha cobrado su precio particularmente en San Carlos Panantza, que nunca ha estado en buenos términos con la comunidad local.

En 2018, el Viceministerio de Minas había acordado extender indefinidamente el plazo para que ExplorCobres empiece a explotar, citando el conflicto social. El pueblo Shuar Arutam presentó una demanda para que se desechara todo el proyecto y exigió a la minera el pago de daños por el desplazamiento forzado de su gente, pero el caso fue desestimado por un tribunal provincial en 2019.

Los shuar anunciaron que presentarán una queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La denuncia argumenta que otorgar las concesiones mineras sin los permisos del grupo viola los estatutos del organismo sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Aunque una decisión de la OIT por sí sola no alteraría el curso del proyecto, una recomendación negativa presionaría a las autoridades y afectaría la reputación de Ecuador.

Fuente: Reuters

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