Exceso de consultas en Colombia encarece los proyectos mineros

El Centro de Estudios Económicos Fedesarrollo presentó un informe denominado ‘Costo económico de la inestabilidad y debilidad institucional de la gestión socio-ambiental’ de las iniciativas del sector minero y transporte.

El estudio concluyó que las debilidades sectoriales y de coordinación pública se han convertido en canales que modulan los retrasos de licenciamiento ambiental y de consulta previa en proyectos mineroenergéticos y de infraestructura de transporte.

Es decir, temas como mala gestión de consultas populares, retrasos y trabas de las consultas previas y las decisiones administrativas de entidades territoriales ponen en jaque el crecimiento económico del país, debido a que las empresas retrasan las inversiones en dichos megaproyectos.

Además, la ley de consultas previas, que debía presentar el Ministerio del Interior, sigue engavetada en dicha cartera.

Según una encuesta hecha a compañías mineras, energéticas y de infraestructura de transporte, las trabas ‘burocráticas’ vienen de varias ramas del poder público, y no tienen una reglamento claro y unificado. Generando trabas en la fase de inversión y otro en la de producción, aunque ambas generan coletazos al PIB y las ventas, por mencionar dos.

Según Fedesarrollo, al frenarse la inyección de recursos, hay repercusiones en los llamados efectos multiplicadores de la actividad, tales como el buen desempeño que podrían tener los proveedores de la inversión, pero también sobre “los proveedores de los proveedores (efecto indirecto) y a través de un incremento en los ingresos de los hogares, que se traduce en un mayor consumo privado (efecto inducido)”.

Por ejemplo, en diferentes intervenciones previas, el presidente de la Asociación Colombiana de Minería, Santiago Ángel, aseguró que “el tema de las consultas populares ha desatado una incertidumbre jurídica a tal punto que muchas de las empresas mineras que actualmente tienen operación han disminuido el nivel de inversión para futuros proyectos, hasta que no se defina este tema”.

Un panorama similar vive la infraestructura vial, sobre la cual urge una ley de consultas previas, tal y como lo ha dicho el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), Juan Martín Caicedo: “Los tiempos, los costos y los procesos que giran en torno a las consultas previas vienen desincentivando la consecución de la financiación necesaria para viabilizar las apuestas del sector de la infraestructura, y entre ellas las del programa de concesiones viales de Cuarta Generación (4G)”.

Conclusiones del informe

* Las debilidades sectoriales y de coordinación pública se han convertido en canales que modulan los retrasos de licenciamiento ambiental y de consulta previa.

* Las normas ambientales no son proporcionales al tamaño y tipo de proyecto, están sujetas a interpretaciones cambiantes.

* Las consultas previas no están adecuadamente reglamentadas por el Ministerio del Interior, por lo cual se vuelve un proceso de “puja redistributiva” entre comunidades pequeñas y una determinada empresa.

* Las consultas populares requieren un desarrollo normativo que aclare las competencias de los diferentes niveles de gobierno.

Fuente: Portafolio

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